La Organización Mundial de la Salud (OMS) instó a despenalizar el suicidio en los países en los que aún se considera un delito a fin de contribuir a su prevención, ya que, de esta forma, se reduce el estigma y la vergüenza asociados.
A nivel global, cada año, más de 700 mil personas se quitan la vida, siendo la cuarta causa de muerte entre las personas de 15 a 29 años.
El suicidio puede estar vinculado a factores y retos sociales, económicos, culturales y psicológicos múltiples, complejos y que se entrecruzan, como la negación de los derechos humanos básicos y el acceso a los recursos, así como acontecimientos vitales estresantes como la pérdida de los medios de subsistencia, las presiones laborales o académicas, las rupturas sentimentales y la discriminación, entre otros.
“Cada muerte por suicidio es una tragedia, y se debe hacer más para fortalecer la prevención del suicidio”, dijo la directora de Salud Mental y Consumo de Sustancias de la Organización Mundial de la Salud, Dévora Kestel.
El suicidio y los intentos de suicidio están tipificados como delito en las leyes de al menos 23 países de todo el mundo, y los intentos de suicidio siguen castigándose en algunos de ellos.
“La penalización del suicidio perpetúa un entorno que fomenta la culpabilización hacia las personas que intentan suicidarse y disuade a la gente de buscar ayuda oportuna por miedo a las repercusiones legales y al estigma”, lamentan desde el organismo sanitario de las Naciones Unidas.
Basándose en las experiencias de países que han despenalizado recientemente el suicidio y los intentos de suicidio, entre ellos Guyana, Pakistán y Singapur, la OMS lanzó un informe sobre los aspectos sanitarios de la despenalización del suicidio y los intentos de suicidio, a fin de establecer recomendaciones para los responsables políticos, los legisladores y otros responsables de la toma de decisiones que estén considerando una reforma en este ámbito.
Estas se centran en la elaboración de estrategias nacionales de prevención del suicidio; la presupuestación de la formación “posterior a la despenalización” para el personal de primera línea; el establecimiento de servicios de salud mental comunitarios orientados a los derechos; la formulación de nuevas leyes y políticas relacionadas con la salud mental que promuevan una atención de calidad y los derechos de las personas con trastornos mentales y discapacidades psicosociales.
En el informe también se explica cómo la despenalización salva vidas, reduciendo el estigma y la vergüenza asociados al suicidio y promoviendo un entorno en el que las personas se sientan capaces de buscar ayuda; permitiendo una mejor recopilación de datos sobre el suicidio y los intentos de suicidio, lo que puede informar mejor sobre las intervenciones adecuadas; y aumentando las oportunidades de sensibilización y promoción en torno a la prevención del suicidio.
Por otro lado, la OMS también lanzó un informe sobre la importancia de una “información responsable” sobre el suicidio por parte de los medios de comunicación, en colaboración con la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio.