Por Luis Pinal Da Silva
Está próximo el Día de Muertos, de los Fieles Difuntos y, como si se tratara de un cuento macabro, se advierte que México está bajo asedio, pero no de zombis, ni calacas, ni fantasmas. El enemigo que tenemos no es Hamás o algún otro grupo terrorista; tampoco el ejército de algún país enemigo.
Se trata de un enemigo más poderoso: los políticos que gobiernan.
Ha quedado claro que Andrés Manuel López Obrador y su Movimiento de Regeneración Nacional (también llamado Cuarta Transformación), buscan establecer aquí un Estado totalitario, que responda a los designios de un sujeto —en este momento él— y a un grupúsculo de colaboradores.
Prácticamente así fue en México durante muchas décadas y el objetivo es volver a eso, pero de forma aumentada.
Hay que mencionar que a veces se pierde perspectiva de lo que ha pasado estos últimos años pues las cosas se han dado paulatinamente. Más cuando se hace un recorrido hacia el pasado inmediato, todo se vuelve nítido.
El presidente López Obrador ha desmantelado toda estructura, proceso, sistema, programa, órgano u agente autónomo; ha contribuido a desaparecer cualquier atisbo de funcionamiento institucional dentro de la administración pública, tanto en lo relativo al Poder Ejecutivo Federal como más allá de este.
Ahí están los ejemplos: el INE y los Poderes Legislativo y Judicial federales.
Del Congreso de la Unión, hace tiempo que López Obrador tiene un control casi total (nuevamente, como solía ser antes) y si bien antes se actuaba con cierto recato, ahora se pregona a los cuatro vientos.
La mayoría simple de la que goza el régimen le permite al primer mandatario ordenar y los legisladores de la 4T (y aliados) acatan sin chistar. Vaya, hasta existe ya una expresión ampliamente conocida: ‘ni una coma se le cambia a sus iniciativas’.
En tanto el Poder Judicial recibe el golpe de gracia. Se esfuma el último dique para crear una suerte de pesos y contrapesos en nuestro sistema político nacional. La 4T ve mal que en ocasiones el Judicial eche para atrás o modifique decisiones y/o legislaciones propuestas por el Ejecutivo y aprobadas por el Legislativo.
Sin embargo, pocas veces la contraargumentación de Andrés Manuel o su gabinete gira en torno a discutir la substancia de la resolución o sentencia judicial; no, la mayoría de las veces se limitan a cuestionar la probidad de los miembros del Poder Judicial. Discute elementos no jurídicos y sí mucho muy políticos e incluso ideológicos.
Ahora la puntilla ha sido la aprobación por parte de las bancadas de Morena, del PT y del Verde Ecologista en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados de la iniciativa de extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Se reintegrarían a la Tesorería de la Federación poco más de 15 mil millones de pesos.
La propuesta atenta contra los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial. Más de 55 mil se verán vulnerados con esta acción. Despidos, menores contrataciones, afectaciones económicas. Se esfumarán los fondos para la reparación, la construcción y el mejoramiento de los bienes inmuebles de todo el aparato judicial federal.
Esto es, debilitar y dinamitar al Poder Judicial no únicamente para terminar con su autonomía, sino para instaurar un régimen totalitario en plena forma.
López Obrador y la 4T pecan de soberbios; no se dan cuenta o no les importan las consecuencias que derivarán de ello. Costosísimas para el día a día de la gente; catastróficas para el régimen democrático que anhelábamos ser. Ciclados en sus propios argumentos; una soberbia que no les permite ver las implicaciones para la viabilidad de la República Mexicana a mediano, largo y muy largo plazo.
El desarmar las instituciones del país no lo hace más justo, más eficiente y menos caro. Al revés, vuelve la poca institucionalidad con la que se cuenta en un nuevo problema para quienes menos tienen.
No nos equivoquemos, la 4T actúa como un ente autócrata. Adiós pesos y contrapesos. Hasta pronto; hasta nunca.
