Mediante un informe se concluye que unos 440.000 adultos pudieron haber sufrido abusos sexuales por parte de personas vinculadas a la iglesia española.
España aprobó un plan destinado a reparar y compensar económicamente a las víctimas de abusos sexuales cometidos por personas vinculadas a la Iglesia católica.
También anunció la futura celebración de un acto público de reconocimiento a los afectados y sus familiares.
El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, dijo que el plan se basó en las recomendaciones de un informe del Defensor del Pueblo español del año pasado. De ese informe, dijo, se concluye que unos 440.000 adultos pueden haber sufrido abusos sexuales en España por parte de personas vinculadas a la iglesia y que aproximadamente la mitad de esos casos fueron cometidos por clérigos.
Bolaños dijo que la compensación sería financiada por la iglesia. Sin embargo en un comunicado la Conferencia Episcopal de España rechazó el plan, diciendo que discriminaba a las víctimas fuera de los círculos eclesiásticos.
No se dieron a conocer detalles sobre cuánto ni cuándo se pagaría la compensación financiera. Tampoco se fijó fecha para ningún acto público de reconocimiento.
Bolaños dijo que el plan apuntaba a saldar una deuda con aquellas víctimas que durante décadas fueron olvidadas por todos y ahora nuestra democracia pretende reparar eso, y convertirlo en parte central de la política gubernamental.
Después de años de prácticamente ignorar el tema, los obispos españoles pidieron disculpas por los abusos cometidos por miembros de la iglesia tras el informe del Defensor del Pueblo, pero cuestionaron el número de víctimas que involucraban a la iglesia por considerarlo exagerado. Ese informe acusó a la iglesia de negligencia generalizada.
Bolaños dijo que el gobierno esperaba llevar a cabo el plan durante los próximos cuatro años en colaboración con la iglesia. El proyecto incluirá asistencia jurídica gratuita para todas las víctimas de abuso sexual y reforzará la supervisión de la prevención en las escuelas.
Únicamente un puñado de países han llevado a cabo investigaciones parlamentarias o iniciadas por los gobiernos sobre los abusos sexuales del clero, aunque algunos grupos independientes han llevado a cabo sus propias investigaciones.
