Esta decisión ha sido condenada por la Federación de Familias para la Paz y la Unificación Mundial.
El gobierno de Japón dijo el jueves que pediría a un tribunal que revocara el estatus legal de la Iglesia de la Unificación después de que el asesinato del ex Primer Ministro Shinzo Abe planteara dudas sobre las tácticas de recaudación de fondos y reclutamiento del grupo.
El ministro de Educación, Masahito Moriyama, dijo que el ministerio propuso buscar la revocación después de entrevistar a más de 170 personas supuestamente perjudicadas por las tácticas de recaudación de fondos y otros problemas. La iglesia no respondió a decenas de preguntas durante las siete investigaciones, dijo.
Si se le quita su estatus legal, la iglesia perdería su privilegio de exención de impuestos como organización religiosa, pero aún podría operar.
Décadas de estrechos vínculos entre la iglesia con sede en Corea del Sur y el gobernante Partido Liberal Democrático de Japón quedaron revelados en la investigación del asesinato de Abe en 2022 y han provocado la indignación pública. El hombre acusado de dispararle a Abe en un acto de campaña supuestamente dijo a la policía que estaba motivado por los vínculos del ex primer ministro con la iglesia, que había llevado a su familia a la quiebra debido a las excesivas donaciones de su madre.
El primer ministro Fumio Kishida dijo que la decisión del gobierno se tomó cuidadosamente basándose en hechos y no era política, negando las especulaciones de que pretendía apuntalar el menguante apoyo público.
La Federación de Familias para la Paz y la Unificación Mundial, condenó la decisión, lamentó que el gobierno haya tomado esta decisión basándose en información distorsionada proporcionada por un grupo de abogados de izquierda que tienen como objetico destruir su organización.
La Iglesia de la Unificación fundada por Sun Myung Moon obtuvo estatus legal como organización religiosa en Japón en 1968 en medio de un movimiento anticomunista apoyado por el abuelo de Abe, el ex primer ministro Nobusuke Kishi.
La iglesia ha enfrentado cientos de demandas civiles y ha reconocido donaciones excesivas, pero dice que el problema se ha mitigado durante más de una década. También ha prometido más reformas.
Durante décadas, la iglesia ha tratado de orientar la toma de decisiones de sus seguidores en formas que no siempre eran lo mejor para ellos, utilizando tácticas manipuladoras, obligándolos a comprar bienes costosos y a donar más allá de su capacidad financiera, afectando también las vidas de sus familias, Dijo Moriyama.
La Agencia de Asuntos Culturales encontró 32 casos de demandas civiles que reconocían daños por un total de 2.200 millones de yenes (14,7 millones de dólares) para 169 personas, el monto de los acuerdos alcanzados dentro o fuera de los tribunales ascendió a 20.400 millones de yenes (137 millones de dólares) e involucraron a 1.550 personas, dijo Moriyama; el ministerio presentará su solicitud ante el Tribunal de Distrito de Tokio tan pronto como el viernes para obtener una orden de revocación. El proceso implica audiencias de ambas partes y llevaría un tiempo.
Japón tiene obstáculos para restringir las actividades religiosas debido a las lecciones aprendidas de la opresión de la libertad de religión y de pensamiento antes y durante la guerra.
