Por Luis Pinal Da Silva
Hubo una orden para desaparecer 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación; no fue una determinación que adoptaran los diputados motu proprio. La orden llegó del Poder Ejecutivo al Legislativo y los diputados acataron plenamente la instrucción.
Y esto que ocurrió, esta obviedad de lo que acaba de suceder con la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que avalaron los partidos políticos Morena, del Trabajo y Verde debería ser un escándalo por sus motivaciones.
La razón es sencilla, estamos ante un nuevo uso de otro poder de la Unión por parte del Ejecutivo para ejecutar una venganza, ahora en contra del tercer poder de este país que no se ha ceñido a los mandatos presidenciales.
Si este régimen tuviera la mayoría calificada en el Congreso ya habrían modificado la Constitución para subordinar todo poder o institución a los dictados presidenciales, pero como afortunadamente no lo tiene, usa su mayoría simple para ajustar cuentas donde sí lo puede hacer: en el presupuesto.
Muchos organismos autónomos o de control fueron asfixiados con los recortes presupuestales, cuando el Instituto Nacional Electoral le resultaba más incómodo al poder presidencial, fue a través de los recortes en sus partidas presupuestales que buscó dominar las determinaciones del árbitro electoral.
Y, tras el fracaso del dominio por parte del Ejecutivo del poder Judicial y con las claras muestras de independencia de la Corte y de la Judicatura bajo el mando de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, entonces el castigo es con el dinero, porque ahí no tiene impedimento legislativo que estorbe.
No habrá obstáculo legislativo para concretar este golpe que elimina casi la totalidad de los fideicomisos del Poder Judicial. Sin embargo, sí hay herramientas legales que lo pueden frenar.
Y ahí en esos instrumentos que aporta la ley para que el Poder Judicial se defienda donde se va a insertar una pieza discursiva del propio Presidente en esa pretensión que tiene de desprestigiar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
A partir del momento en que se concrete el proceso legislativo y tras la presentación de una previsible lluvia de amparos será la propia Suprema Corte la que analice los recortes a este máximo tribunal y al resto del poder Judicial.
Juez y parte. Ese será el recurrente grito en las mañaneras de un Presidente que ya se atreve a decir que los trabajadores del sistema judicial son unos flojos.
Una y otra vez López Obrador querrá hacer ver a los ministros como abusivos por decidir ellos el destino de sus propios recursos, cuando es la ley la que marca que ese es el camino para resolver ese tipo de controversias. Tanto como las leyes marcan que los diputados se auto aprueben su presupuesto.
Esto alimentará la retórica electoral de forzar un cambio constitucional para recomponer el poder judicial. El monopolio discursivo querrá hacer ver que están mal las atribuciones de la Corte de ser juez y parte, pero no habrá ninguna mención al hecho mismo de que un poder concentre las atribuciones de dos poderes de la Unión.
