En el lugar se puede albergar a 40.000 pandilleros en donde los criminales se encuentran pagando delitos graves.
La megacárcel salvadoreña para albergar a 40.000 pandilleros condenados o detenidos en el contexto de la polémica medida del régimen de excepción, implementado por el Gobierno del presidente Nayib Bukele para combatir a estas bandas, cumplió este miércoles un año de funcionamiento, informó la Presidencia.
“Este 31 de enero de 2024 se cumple un año del funcionamiento del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), lugar donde los criminales están pagando las condenas por los delitos cometidos”, publicó en un mensaje en la red social X la Secretaría de Prensa de la Presidencia.
En esta prisión está recluidos los más peligrosos criminales, subrayó en otro mensaje, una cárcel catalogada por el Gobierno del presidente Bukele como la más grande de Latinoamérica.
Ahora, los pandilleros recluidos, que están pagando condenas por los delitos cometidos, ya no pueden atentar contra la población.
El Cecot lo presentó Bukele, que recorrió el lugar, durante una retransmisión en una cadena nacional de radio y televisión la noche del 1 de febrero de 2023, y el 24 de ese mismo mes trasladaron desde otras cárceles al primer grupo de 2.000 pandilleros.
La cárcel opera al 30 % de su capacidad y no registra muertes en su interior, de acuerdo con información brindada por las autoridades del centro penitenciario en octubre de 2023.
El director de la prisión, cuyo nombre se desconoce por seguridad dio a conocer que el centro albergaba a 12.000 reclusos, lo que representa una ocupación del 30 % de su capacidad, que de acuerdo con el Gobierno es de 40.000.
A la fecha se desconoce el número total de pandilleros que se encuentran en la cárcel.
El Cecot se encuentra en la localidad central de Tecoluca, a más de 75 kilómetros de la capital San Salvador, y es un laberinto de concreto, hierro, asfalto y acero que custodian guardias penitenciarios y soldados desde torres con más de 15 metros de altura.
La construcción del recinto penitenciario, que acarreó críticas de la oposición y de entes nacionales e internacionales de derechos humanos, se da en el contexto del régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales y que se ha convertido en la principal acción del Gobierno de Bukele contra las maras.
