El gobierno tuvo que rescindir el contrato de venta de entradas que se tenía pensado con una empresa privada.
El gobierno de Perú dio marcha atrás en sus planes de subcontratar la venta de boletos de entrada a Machu Picchu a una empresa privada, una semana después de que los manifestantes bloquearan el acceso a la atracción turística más famosa del país y se suspendiera el servicio ferroviario a la zona.
A pesar de la resolución, las calles, hoteles y restaurantes alrededor del lugar permanecieron casi desiertos.
Once días después de que el gobierno anunciara el cambio en el sistema de emisión de boletos, que estaba en manos de una entidad estatal desde hacía 15 años, el Ejecutivo cedió y rescindió el contrato cuestionado por el sector turístico local.
La ministra de Cultura de Perú, Leslie Urteaga, quien había alegado irregularidades y una pérdida de 1,8 millones de dólares por entradas no reportadas por las oficinas estatales, finalmente accedió a la solicitud de los manifestantes después de reunirse con el presidente regional de Cusco y el alcalde del distrito de Machu Picchu.
Las autoridades se comprometieron a trasladar la venta de boletos a una plataforma en línea administrada por el Gobierno nacional y rescindieron el contrato con Joinnus, la empresa de venta virtual de boletos propiedad de uno de los grupos económicos más ricos del Perú que se había hecho cargo del servicio a mediados de enero.
El servicio ferroviario al área, que había sido suspendido el viernes, se reanudó rápidamente, pero las llegadas de visitantes aún se redujeron a un mínimo.
Los pocos turistas que persistieron en visitar el sitio inca durante la manifestación de una semana, la mayoría jóvenes, tuvieron que recorrer un camino más largo y difícil. Conducirían 210 kilómetros (130 millas) desde Cusco hasta una central hidroeléctrica desde donde caminarían dos horas hasta llegar al distrito de Machu Picchu, donde descansarían. Luego tuvieron que caminar hasta la ciudadela de piedra durante otras dos horas y media.
Cuatro países (Estados Unidos, Alemania, Francia y Brasil) habían aconsejado a sus ciudadanos que fueran cautelosos si planeaban visitar Machu Picchu, Patrimonio de la Humanidad desde 1983, citando la posible falta de agua y otros elementos esenciales como resultado de las interrupciones del transporte.
El turismo es la principal actividad económica del Cusco, con más de 200.000 personas que tienen empleos directos en el sector. En tiempos previos a las protestas, hasta 4.500 visitantes ingresaban a Machu Picchu cada día.
No hay cifras oficiales sobre las posibles pérdidas durante la primera semana de protestas, pero algunos sindicatos de turismo estiman los daños en unos 4,7 millones de dólares.
