Integralia Consultores lanza una fuerte advertencia de cara a las elecciones del 2 de junio: el gran número de grupos criminales en conflicto, la multiplicación de mercados ilegales, además del narcotráfico, y la mayor cantidad de presidencias municipales en disputa, son los motivos para que el crimen organizado intervenga, como nunca antes, en las elecciones locales de 2024.
De acuerdo con la consultora, las maneras en las se está dando esta intervención es a través de asesinatos, agresiones y amenazas contra funcionarios públicos y aspirantes, además del financiamiento a campañas; la imposición de candidaturas; la movilización o inhibición del voto, así como la alteración de la votación en casillas.
Afirman que la captura de los gobiernos municipales puede ocurrir en cualquier momento, pero los procesos electorales ofrecen la oportunidad de instaurar o prolongar la autoridad criminal desde el principio de las nuevas administraciones.
De acuerdo con el mapa de riesgos de intervención del crimen en las elecciones locales de Integralia, las entidades con un riesgo muy alto de esta intervención del crimen organizado en las elecciones locales son: Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Chiapas y Morelos.
Mientras que, en Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tabasco y Veracruz se advierte un “riesgo alto”.
La consulta explica que esos niveles de riesgo se deben a una serie de factores que tienen que ver con la acumulación de mercados ilícitos, grupos criminales en conflicto armado, un Estado de derecho débil, y la celebración de elecciones en municipios clave para el crimen, y altamente competitivos.
El informe destaca que el sometimiento de los criminales a los gobiernos municipales el primer blanco tiene la finalidad de acceder a recursos valiosos, como la colaboración de policías, para: operar con plena impunidad, diversificar sus actividades, y neutralizar a sus rivales.
Un foco rojo resulta Jalisco, donde se estima que el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantiene un control territorial en el 80% de los municipios en los que administra toda clase de economías a través de jefes de plaza.
Mientras, en las fronteras con Zacatecas, Michoacán y Guanajuato, mantiene disputas, respectivamente, con el Cártel de Sinaloa, La Nueva Familia Michoacana y el Cártel de Santa Rosa Lima.