Por Carla Humphrey
El estudio permite ver la necesidad de políticas públicas que erradiquen ese fenómeno
ONU Mujeres presentó un estudio cualitativo 2022, de América Latina y el Caribe sobre la situación de mujeres radicadas en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Venezuela que han sufrido violencia de género en línea a raíz de su actividad periodística. El estudio de mérito puede ser consultado en el siguiente link: http://bit.ly/3GOJajf
Este tipo de violencia está referida a la ciberviolencia y ciberacoso contra mujeres y niñas en el marco de la Convención Belém do Pará, que define la violencia contra las mujeres como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause la muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.
Las periodistas o comunicadoras sufren este tipo de violencia porque son voces públicas que transmiten opiniones, generan ideas, exponen y denuncian diversos temas a la ciudadanía e incluso de acción de las personas así como de las autoridades que, con ello, irrumpen la dirección o ponen en tela de juicio las políticas ejercidas por el poder público.
Este estudio enfatiza que esta violencia silencia voces indispensables como pilar de la libertad de expresión, de ideas y de opiniones en la sociedad; derechos consagrados tanto en acuerdos internacionales como en las constituciones de los países enunciados.
De igual forma, refiere que la violencia en línea ha crecido y se ha multiplicado sobre todo en contextos políticos, observándose diversos tipos de limitaciones a la libertad de expresión entre las que destacan, al menos, cinco rubros:
- El hostigamiento y el trolleo permanente por parte de algunas cuentas, que visibiliza y violenta a las mujeres colocándolas en un estado de vulnerabilidad;
- El acoso masivo que conlleva generalmente insultos, amenazas y noticias falsas (fake news) que, de forma sistemática, buscan silenciar violentamente a las mujeres que cuentan con voz pública;
- La divulgación de información personal (doxing) dañando la credibilidad y posicionamiento logrado por periodistas o comunicadoras;
- Las amenazas realizadas por mensajes directos, WhatsApp, a través del email e incluso por hackeos, y finalmente,
- La violencia de réplica offline que se refiere, entre otros aspectos, a amenazas directas o incluso manoseos o toma de fotos durante coberturas periodísticas vulnerándolas, inhibiendo su trabajo o exhibiéndolas en redes sociales de diversas formas.
La violencia en línea vulnera la integridad de las mujeres, ya que las exhibe y las expone ante la opinión pública con estrategias que buscan hacerles daño, ya sea para impedir que sigan teniendo esa voz pública hacia personas o temas en específico, o bien, para buscar aminorar el impacto de diversas noticias.
El estudio revela los efectos reales de este tipo de violencia, destacando que el 80% de las periodistas o comunicadoras limitaron su participación en las redes sociales; un 40% manifestó haberse autocensurado; la cuarta parte vivió despido o la no renovación de su contrato, y un 80% teme o temió en algún momento por su vida y su integridad física.
Como podemos observar, la violencia de género en línea se ha convertido en una práctica deleznable que limita una serie de derechos lo que constituye un atentado contra normas establecidas en la Constitución como en diversas leyes. En México se incorporó el año pasado “la violencia digital” a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia cuyo objetivo es abatir y erradicar este terrible fenómeno que se presenta en especial contra las mujeres y niñas.
De igual forma, el Código Penal se reformó para tipificar el delito de violación a la intimidad sexual para combatir y erradicar cualquier tipo de extorsiones, maltratos, entre otras expresiones.
Falta mucho por hacer, pero el presente estudio nos permite ver la urgente necesidad no solo de generar mejores leyes, sino también, de establecer políticas públicas suficientes que erradiquen este fenómeno que atenta con los derechos fundamentales de las mujeres en el mundo.
