Mediante un comunicado dieron a conocer que el gobierno perpetra graves violaciones sistemáticas de derechos humanos, equivalentes a crímenes contra la humanidad, por razones políticas.
Un panel de expertos en derechos humanos respaldados por la ONU acusó el jueves al gobierno de Nicaragua de abusos sistemáticos contra los derechos humanos “equivalentes a crímenes contra la humanidad”, implicando a una serie de funcionarios de alto rango del gobierno del presidente Daniel Ortega.
Las acusaciones, ferozmente rechazadas por el gobierno de Nicaragua, surgen tras una investigación sobre la creciente represión del país contra la disidencia política. El gobierno de Ortega ha perseguido a sus opositores durante años, pero llegó a un punto de inflexión con protestas masivas contra el gobierno en 2018 que resultaron en una violenta represión por parte de las autoridades.
En el último año, la represión se ha expandido a grandes sectores de la sociedad con el objetivo de incapacitar cualquier tipo de oposición a largo plazo, según el grupo independiente de expertos de la ONU que investiga el tema desde marzo de 2022.
Los expertos no hablan en nombre del organismo mundial, sino que trabajan bajo el mandato del Consejo de Derechos Humanos.
“El gobierno de Nicaragua continúa perpetrando graves violaciones sistemáticas de derechos humanos, equivalentes a crímenes contra la humanidad, por razones políticas”, dijo el grupo en un comunicado.
El Estado ha atacado a civiles, incluidos estudiantes universitarios, indígenas y negros nicaragüenses y miembros de la Iglesia católica. Ahora los niños y sus familiares son objeto de ataques simplemente por estar relacionados con personas que alzan la voz contra el gobierno.
El gobierno de Ortega ha dicho repetidamente que las manifestaciones masivas contra él en 2018 constituyeron un fallido intento de golpe orquestado por Estados Unidos y, por lo general, defiende cualquier represión como una represión contra los complots antigubernamentales.
El gobierno respondió al informe el jueves diciendo que fue manipulado por un grupo de potencias imperialistas pagadas para distorsionar la realidad de nuestro país.
El informe de derechos humanos, que se publicó después de cientos de entrevistas, implicaba a varios funcionarios de alto rango en medidas represivas que han consolidado firmemente el poder en manos de Ortega y su vicepresidenta Rosario Murillo.
El informe dice que Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional del país, impulsa la aprobación de leyes para facilitar la represión. Dice que Marvin Aguilar García, el presidente de la Corte Suprema, recibe órdenes directas del gobierno de Ortega y ordena a los jueces de niveles inferiores que se alineen. Mientras tanto, la oficina de la Fiscal General Ana Julia Guido Ochoa fabrica pruebas contra opositores reales o supuestos, dice el informe.
Los expertos también citan a funcionarios de alto rango del Ministerio del Interior del país, el organismo gubernamental que regula la migración y el organismo que regula las organizaciones no gubernamentales.
El informe dice que la represión se ha expandido más allá de las fronteras de Nicaragua y ha llegado a cientos de miles de personas que han huido de la represión gubernamental y han aterrizado en gran medida en Estados Unidos y Costa Rica. Cientos de nicaragüenses han sido despojados de su ciudadanía y apátridas, sin poder acceder a sus derechos fundamentales.
