Por Marco A. Mares
Este 16 de agosto (2024) marcó el principio del fin de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México.
Ese día, el partido en el poder, envió el dictamen de la Reforma Judicial lopezobradorista, que dispone la selección de los jueces, ministros y magistrados por votación ciudadana.
Se trata de una Reforma Judicial reforzada. Incluye 100 modificaciones que la endurecen, respecto de la original.
Prevalece la instrucción lopezobradorista para que sea el pueblo quién seleccione a los impartidores de justicia.
De aprobarse la Reforma Judicial, como todo indica que ocurrirá, comenzará a registrarse (en función de los tiempos en los que se realice) la fractura del Estado mexicano.
Comenzará un proceso en el que La Corte dejará de ser un poder autónomo.
La división de poderes en México es uno de los principios en los que se ha sustentado el Estado moderno.
Acuñado en el siglo XVIII y plasmado en la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, del 4 de octubre de 1824.
A 200 años de la instauración del sistema de equilibrio de poderes, que busca evitar la concentración del poder en el Ejecutivo Federal, dejará de existir.
La división de poderes, comenzará a extinguirse, inexorablemente, aunque el discurso oficial asegura que será lo contrario porque la justicia estará en manos del pueblo. Dejará de estar –dicen todas las fuentes gubernamentales y sus representaciones políticas– a favor de los intereses económicos y criminales.
En sentido contrario, expertos en materia legal, electoral y de justicia, aseguran que será un severo golpe al Poder Judicial.
La captura del Poder Judicial por parte del jefe del ejecutivo en turno comenzará a ser una realidad.
El presidente de la República en turno, tendrá todo el poder.
De aprobarse, el presidente López Obrador habrá logrado uno de sus más anhelados deseos: acotar al último bastión en el sistema de equilibrio de poderes.
El jefe del ejecutivo, de facto, ya controla al poder legislativo, a través de su partido: Morena.
Las acciones del gobierno en turno y el partido en el poder, tienen la intención de lograr la supermayoría en el Congreso de la Unión, para que la próxima legislatura, a partir del primero de septiembre (2024), pueda realizar todos los cambios constitucionales que quiera.
Los primeros cambios serán los que corresponden a las iniciativas de ley constitucionales enviadas al Congreso el pasado mes de febrero por el presidente lópezobrador.
El paquete de reformas avanza en un proceso de dictaminación “fast track”.
En términos generales proponen la votación a través de elecciones, de los representantes del poder judicial; la extinción de órganos autónomos y con ello la eliminación de la regulación en materia de competencia económica y en telecomunicaciones; la extinción del acceso a la información y la protección de datos personales; la eliminación de la evaluación de los programas sociales y de la regulación en el sector energético; y, el traslado legal de la Guardia Nacional al Ejército Mexicano, entre otras.
A contracorriente de los partidos de oposición, de organizaciones empresariales y ex integrantes protagonistas de los órganos electorales, la maquinaria en el poder avanza hacia la inexorable aprobación del paquete legislativo.
Depende únicamente del destino que tenga el tema de la sobrerrepresentación en el Congreso, que se definirá a más tardar este 23 de agosto.
En días pasados, expresidentes del IFE, INE y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación enviaron una carta a consejeros y magistrados de esos órganos electorales para expresarles su preocupación ante el riesgo de una “lectura letrista” de la ley electoral.
Advirtieron que esto podría llevar a una sobrerrepresentación y distorsión en la asignación de diputados y senadores a favor de Morena y sus aliados que rompa con lo establecido en la Constitución en 1996. Los cambios legales que están por realizarse, han advertido la Coparmex, el Consejo Nacional Agropecuario, el IMEF y otras organizaciones del sector privado podrían generar desconfianza entre los inversionistas y volatilidad en los mercados.
Lo que parece claro es que viene un cambio de régimen político y podría tener un efecto adverso en el comportamiento de las inversiones y de la economía nacional.
