Las víctimas describieron un patrón consistente de coerción, presión o engaño para someterse a esterilizaciones en clínicas sin la infraestructura adecuada o personal capacitado”.
La política de esterilización forzada que se implementó en 1990 en Perú constituyó una forma de violencia basada en el sexo y discriminación, particularmente contra unas 300 mil mujeres indígenas, rurales y mujeres económicamente desfavorecidas, concluyó el Comité de Derechos de las Mujeres de la ONU.
Fue publicada la decisión por el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer (CEDAW) tras revisar una denuncia conjunta presentada por cinco víctimas que fueron esterilizadas forzosamente entre 1996 y 1997 como parte de una política de control de natalidad dirigida por el Estado en Perú en tiempos de Alberto Fujimori.
“Las víctimas describieron un patrón consistente de coerción, presión o engaño para someterse a esterilizaciones en clínicas sin la infraestructura adecuada o personal capacitado”, afirmó la experta mexicana Leticia Bonifaz, miembro del CEDAW.
Los procedimientos se realizaron sin el consentimiento informado de estas víctimas; incluso algunas de ellas, especialmente las de áreas remotas, no sabían leer o hablar español o no eran capaces de comprender completamente la naturaleza del procedimiento, deploró.
Las víctimas alegaron que las esterilizaciones forzadas a las que fueron sometidas tuvieron consecuencias graves y permanentes en su salud física y mental.
Llevaron su caso ante el Comité en 2020, afirmando que Perú había violado sus derechos contenidos en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, por la falta de investigación eficaz, de rendición de cuentas y de reparación adecuada.
El Estado peruano argumentó que el programa de esterilización formaba parte de una política más amplia de salud reproductiva y que los procedimientos se realizaron tanto en hombres como en mujeres, el Comité destacó que más de 300 mil mujeres fueron esterilizadas forzosamente, en comparación con aproximadamente 25 000 hombres.
El Comité concluyó que la esterilización forzada fue una forma de violencia basada en el sexo contra las mujeres, dado que las esterilizaciones masculinas y femeninas difieren sustancialmente en la naturaleza de la intervención y los riesgos quirúrgicos asociados.
Señaló, en particular, que las víctimas fueron esterilizadas por personal médico no especializado y en condiciones sanitarias inadecuadas.
También reconoció que el programa de esterilización fue una forma de discriminación interseccional, que afectó de manera desproporcionada a mujeres indígenas, económicamente desfavorecidas y rurales.
Las víctimas informaron al CEDAW que fueron interceptadas y subidas a la fuerza en camiones como ganado a centros de salud temporales donde, como describió una de las víctimas, los practicantes médicos estaban afilando cuchillos y nos cortaban como animales”
Concluyó que Perú no cumplió con su obligación de investigar debidamente estas violaciones ni de compensar adecuadamente a las víctimas de las esterilizaciones forzadas. Hizo un llamado urgente al Estado peruano para que acelere y amplíe sus investigaciones, proporcione compensación financiera y apoyo psicológico, y ponga en marcha un programa integral de reparaciones para las víctimas.
La esterilización forzada generalizada o sistemática podría constituir un crimen de lesa humanidad según el Estatuto de Roma. Expresó su preocupación por la ley promulgada por el Estado parte en agosto que impide la persecución de crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002.
