La Policía capitalina implementará un modelo para proteger a las víctimas, investigar los casos y detener a los responsables; además se creará una Fiscalía especializada en la materia
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, aseguró que no dará tregua en el combate a la extorsión y por ello presentó la estrategia integral de su administración contra este delito, conformada por acciones legislativas para endurecer las penas; un modelo de atención y combate, así como una campaña informativa y el inicio de operaciones de la línea telefónica 5550363301.
La mandataria capitalina explicó que la estrategia deriva del trabajo del Gabinete para la Construcción de Paz y Seguridad; el primer componente es la iniciativa que se enviará esta semana al Congreso de la Ciudad de México para reformar el Código Penal local y endurecer las penas contra la extorsión en sus diversas modalidades y contra el cobro ilegítimo de deudas, conocido como “gota a gota”.
Detallaron que se van a fortalecer las capacidades operativas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), lo que incluye la creación de una Coordinación General de Atención a Casos de Secuestro y Extorsión, así como la Fiscalía Especializada para el Combate al Delito de Extorsión, respectivamente.
Brugada, resaltó que en materia preventiva se llevarán a cabo mil talleres y pláticas dirigidas a redes vecinales, comerciantes, sector empresarial, entre otros, además del inicio de la campaña “Juntas y juntos contra la extorsión”, que se difundirá a través de medios de comunicación, carteles y trípticos para que la población sepa qué hacer ante casos de extorsión y conozca que es posible recibir ayuda del Gobierno capitalino las 24 horas del día todo el año.
La consejera Jurídica y de Servicios Legales, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, explicó que con la iniciativa de reforma se crearán los artículos 148 quáter y 148 quinquies, en el Código Penal, para definir los delitos de extorsión y cobranza ilegítima, respectivamente, los cuales implicarán una pena de hasta 15 años de prisión y multas de hasta 3 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), con la finalidad de evitar la libertad bajo fianza.
En cuanto a la reforma contra los cobros “gota a gota”, detalló que la adición al Código Penal establecería lo siguiente: “al que, con la intención de requerir el pago de una deuda, ya sea propia, del deudor o de quien funja como referencia o aval, utilice medios ilícitos o efectúe actos de hostigamiento para lograr el cobro e intimidación, se le impondrá prisión de 10 a 15 años y multa de 2 mil a 3 mil Unidades de Medida de Actualización, además de las sanciones que correspondan si para tal efecto se emplearon documentación, sellos falsos o se usurparon funciones públicas de una profesión. Para la reparación del daño cometido, se estará en lo dispuesto en el artículo 46 de este Código”.
El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, explicó que el modelo de atención y combate a la extorsión se basa en la protección a las víctimas, incluida atención psicológica y jurídica; desactivar la amenaza y llevar a cabo las investigaciones para detener a los responsables y desarticular las células dedicadas a este delito.
