La comunidad china de Texas está en pie de guerra por un proyecto de ley que busca prohibirles comprar propiedades en ese estado estadounidense.
La legislación SB 147, presentada en diciembre pasado en el Senado estatal por la republicana Lois Kolkhorst, haría ilegal adquirir propiedades no solo para los ciudadanos chinos, sino también para los residentes oriundos de Corea del Norte, Irán y Rusia. Además, la iniciativa no delinea ninguna excepción para residentes permanentes legales, titulares de visas o ciudadanos con doble nacionalidad.
“La creciente propiedad de tierras en Texas por parte de algunas entidades extranjeras es muy preocupante y genera señales de alerta para muchos texanos”, comunicó Kolkhorst al presentar la propuesta. “La aprobación de esta ley brinda algunas salvaguardias básicas para garantizar que los texanos mantengan el control de la tierra de Texas”, agregó.
El proyecto de enmienda causa temor entre las comunidades extranjeras, ya que ha ido cobrando un mayor apoyo político, incluyendo el del gobernador del estado, Greg Abbott, quien tachó a los países afectados como “amenazas” a la infraestructura de Texas.
Por su parte, la activista Ling Luo afirmó, citada por NBC, que la comunidad china local ha pasado de estar temerosa a enfurecida y exigió que se escuchen sus voces en varias manifestaciones celebradas a lo largo del estado.
Luo aseveró que la enmienda era incongruente con todo lo que pensaba que era EE.UU. cuando se mudó al país en 1997. Ante la situación, creó un grupo activista, Asian American Leadership Council, para rechazar el proyecto de ley. En cuestión de días, sumó cientos de adeptos en las redes sociales y el reclamo fue tomado por el representante estatal demócrata Gene Wu.
En esa línea, los residentes chinos consideran que la legislación utiliza la seguridad nacional como un pretexto para atacarlos y convertir a sus comunidades en chivos expiatorios.
Por su parte, Mark Jones, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Rice en Houston, señaló que el proyecto en su forma actual es inconstitucional y que no cree que finalmente sea aprobado.