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Para el Gobierno que preside Daniel Ortega, las declaraciones de monseñor Álvarez son irresponsables e irrespetuosas y violentan las máximas leyes y normas que rigen la vida independiente de Nicaragua.

Nicaragua tildó de depravado y pedófilo al Vaticano, a la vez que condenó la entrevista ofrecida por el obispo nicaragüense desnacionalizado Rolando Álvarez al noticiero católico EWTN Noticias, en la que contó su experiencia a un año de su liberación y llegada a Roma.

«Nos pronunciamos sobre declaraciones que, a nombre del Estado Vaticano, se realizan desde páginas y plataformas que les son propias, declaraciones que constituyen un agravio y un insulto a la soberanía y dignidad del Estado nicaragüense», señaló en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua.

Para el Gobierno que preside Daniel Ortega junto con su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, las declaraciones de monseñor Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, ambas en el norte de Nicaragua, son irresponsables e irrespetuosas y violentan las máximas leyes y normas que rigen la vida independiente de Nicaragua.

Sin ninguna autoridad política supranacional, el Estado Vaticano pretende disponer sobre cargos y poderes que otorgan, en Nicaragua, a personas que dejaron de ser nicaragüenses, por conductas impropias e intolerables de promoción de crímenes, políticamente instigados, así como constantes llamados a romper la paz, con todo tipo de violencia, falsedades y planificadas calumnias, infringiendo angustias, sufrimiento y dolor a las familias de nuestro país, continuó.

El obispo Álvarez fue condenado en febrero de 2023 a 26 años y 4 meses de prisión por delitos considerados traición a la patria, y en enero de 2024 el Ejecutivo sandinista acordó con la Santa Sede el envío al Vaticano del jerarca, junto al obispo Isidoro Mora, 15 sacerdotes y 2 seminaristas nicaragüenses, a los que tenían privados de libertad.

La excarcelación de los religiosos nicaragüenses ocurrió 14 días después de que el papa Francisco, tras el rezo del primer Ángelus de ese año, expresara su preocupación por la detención de decenas de sacerdotes en Nicaragua.

A juicio de la Cancillería de Nicaragua, nada autoriza al Estado Vaticano, que debe regirse por las normas del Derecho Internacional, y el respeto a los Gobiernos e instituciones nacionales, a otorgar nombramientos de cualquier tipo en el territorio soberano y digno de nuestra Nicaragua.

Nicaragua expresó su más enérgica protesta por la promoción de personas apátridas, destructivas, ambiciosas e irredentas, y la pretendida imposición de tales personajes deleznables, como autoridades que nadie reconoce o reconocerá.

Managua también señaló al Vaticano su historia de inclinaciones y prácticas abominables, perversas, inhumanas en sintonía con infames monarquías colonialistas, que lo incriminan como Estado, y que «usurpando el nombre de Dios cortó cabezas, enterró espadas, y exterminó pueblos y culturas enteras».

Las relaciones entre el Vaticano y Managua, que están suspendidas oficialmente, atraviesan momentos de gran animadversión: el papa llegó a denunciar el desequilibrio de Ortega y a su régimen de «dictadura grosera». Este, a su vez, acusó al Vaticano de formar parte del conglomerado del fascismo y ha disuelto y expropiado a la Compañía de Jesús, los jesuitas, que es la orden del papa Francisco, y ha expulsado a 46 sacerdotes y obispos desde 2018.

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