Indonesia, la tercera mayor democracia del mundo, aprobó una polémica reforma legislativa para ampliar el acceso de militares en activo a puestos civiles, pese al rechazo de ONG y grupos estudiantiles, que la denuncian como un paso atrás en el proceso democrático emprendido en las pasadas décadas. La reforma de una ley militar de 2004 fue aprobada poco después de que comenzara la sesión para su voto en el Parlamento en Yakarta, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad en el complejo, y amplía el acceso de militares en activo a puestos en varios organismos públicos.

Grupos estudiantiles y ONG convocaron protestas y habían pedido al Gobierno del exgeneral Prabowo Subianto que paralizara la reforma, entre ellos Human Rights Watch, que acusó al dirigente de disponerse «a restaurar el papel del Ejército en asuntos civiles, lo que durante mucho tiempo estuvo caracterizado por amplios abusos e impunidad».

Los militares tendrán acceso al menos a cinco organismos públicos más, entre ellos los que gestionen medidas antiterrorismo, seguridad marítima y a la Oficina de la Fiscalía General, que se suman a la decena de instituciones en las que ya podían ejercer, en sectores como ciberseguridad, narcóticos o tareas de rescate.

El Instituto para la Ayuda Legal de Indonesia advirtió que la revisión legislativa devuelve al país 30 años atrás, en referencia a la era del dictador Suharto, acusado de graves violaciones de derechos humanos durante su mandato (1967-1998).

Amnistía Internacional y otras ONG subrayaron esta semana en una declaración conjunta que el Ejército está entrenado, educado y preparado para la guerra, no para puestos civiles.