La vida de 238 venezolanos encarcelados en El Salvador, enviados ahí por el Gobierno del presidente Donald Trump, se encuentra en peligro por las violaciones a derechos humanos que se estarían dando en las prisiones salvadoreñas y la implementación en el país de un régimen de excepción contra las pandillas, alertó este la organización Amnistía Internacional (AI).

De acuerdo con Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, este traslado y la desobediencia de una orden judicial que lo prohíbe representa no sólo un desprecio manifiesto de las obligaciones de Estados Unidos en materia de derechos humanos, sino también un avance peligroso hacia prácticas autoritarias por parte del Gobierno de Trump.

A juicio de Piquer, estas acciones también resultan en un peligroso apoyo a la punitiva agenda de seguridad del presidente (Nayib) Bukele, cuya Administración ha recibido acusaciones de atropellos, como detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones y la muerte de detenidos con signos de violencia.

AI indicó que ha documentado ampliamente las condiciones inhumanas que imperan en los centros de detención de El Salvador, entre ellos el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), donde están recluidos ahora los expulsados.

“Los informes indican hacinamiento extremo, falta de acceso a asistencia médica adecuada y malos tratos generalizados que constituyen trato cruel, inhumano o degradante. Además, organizaciones en El Salvador han informado de la muerte de más de 300 personas bajo custodia estatal, en algunos casos con claros signos de violencia”, relató Piquer.

A juicio de AI, es preciso exigir responsabilidades a El Salvador por ayudar en políticas que violan los derechos de las personas migrantes y las que buscan seguridad.

El Gobierno de El Salvador, hasta el momento y desde la llegada de los más de 200 migrantes el pasado 16 de marzo, no se ha pronunciado sobre el tema, tampoco ha dado detalles sobre cómo se encuentran los ciudadanos de origen venezolano que fueron llevados al Cecot.