El presidente Donald Trump ordenó a dos agencias de inteligencia de Estados Unidos que entrenen sus capacidades de vigilancia por satélite en la región fronteriza con México como parte de una amplia ofensiva contra la inmigración irregular y los cárteles de la droga. La Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial (NGA) y la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO), que forman parte del Departamento de Defensa, supervisan los satélites espía y analizan las imágenes para el Pentágono y otras organizaciones de inteligencia.

Su participación, junto con el despliegue de tropas, muestra la creciente militarización de la frontera sur, donde el presidente Donald Trump ha declarado una emergencia nacional.

Sobre sus funciones en la vigilancia fronteriza, la NGA contestó que había creado un grupo de trabajo para coordinar su apoyo a la misión fronteriza de Estados Unidos, mientras que la NRO dijo que se estaba asociando con la comunidad de inteligencia y el Pentágono para asegurar las fronteras de Estados Unidos.

Su participación responde a las amplias medidas ejecutivas de Trump destinadas a detener el tráfico y los cruces fronterizos no autorizados, así como a deportar a quienes se encuentran irregularmente en Estados Unidos, que se calcula que son hasta 14 millones de personas.

Trump hizo de la aplicación de las leyes de inmigración una parte central de su campaña que lo catapultó a la presidencia el 20 de enero.

El Gobierno estadounidense ha desplegado inteligencia artificial (IA) y vigilancia con drones en la frontera durante años, la última iniciativa busca expandir el uso de capacidades militares generalmente construidas para conflictos en el extranjero.

El Gobierno podría utilizar la IA para identificar objetos o personas de interés mediante el escrutinio de imágenes de satélite y otras fuentes de datos, al igual que el Departamento de Defensa en el campo de batalla, dijeron dos fuentes cercanas a la iniciativa.

Las leyes generalmente restringen a las agencias de espionaje estadounidenses la vigilancia de ciudadanos y otros residentes legales, permiten a las autoridades de inmigración llevar a cabo registros físicos “a una distancia razonable de cualquier frontera exterior de Estados Unidos”.

Las regulaciones estiman esta distancia en unos 185 kilómetros desde la frontera, un área que incluye ciudades como San Diego y El Paso.

Un portavoz de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, la principal unidad del Gobierno para la integración de los esfuerzos de espionaje, dijo a Reuters que todas las actividades de inteligencia son legales y autorizadas y se llevan a cabo de una manera que protege las libertades civiles y la privacidad de las personas estadounidenses.