Se han descubierto alrededor de 5,545 fosas, donde casi el 50 % de los enterramientos ilegales han sido descubiertas durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador
El Gobierno mexicano publicó por primera vez un mapa de las fosas clandestinas encontradas desde que comenzó la guerra contra el narcotráfico y en las que fueron echados miles de cuerpos que, en gran parte, todavía no han sido identificados debido a la falta de capacidad de los servicios forenses.
Los datos, que fueron recopilados por la Comisión Nacional de Búsqueda, fueron divididos en dos periodos. El primero abarca desde 2006 a 2018, es decir, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, en los cuales se descubrieron 2.835 fosas.
El segundo contabiliza desde diciembre de 2018, cuando asumió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde entonces, han sido halladas 2.710, lo que representa el 49 %.
En total, se trata de 5.545 fosas clandestinas que demuestran la crisis de violencia que padece México y que incluye a cientos de miles de personas asesinadas, más de 110.000 desaparecidas y decenas de miles de cuerpos que han sido encontrados, pero a los que todavía no se les puede identificar.
La Comisión Nacional de Búsqueda aclaró que los datos del mapa corresponden a un registro interno y no es el Registro Nacional de Fosas Comunes y de Fosas Clandestinas que debería crearse por ley, pero que todavía no existe.
También explican que el momento del hallazgo no permite determinar la fecha de desaparición y muerte de las personas, ni la fecha en la que se realizó la fosa.
La desaparición forzada de personas, que es un crimen de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptible, se transformó en un problema central en México a partir de 2006, el año en el que el expresidente Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico.
Desde entonces, las organizaciones criminales que operan en el país se multiplicaron y, en muchos casos en complicidad con funcionarios, cometen masacres y esconden los cuerpos de sus víctimas, o lo que queda de ellas, en fosas clandestinas.
Los gobiernos de Calderón y Peña Nieto no reconocieron la magnitud de la crisis humanitaria ni ayudaron a los familiares de los desaparecidos, lo que los obligó a organizarse por su cuenta para crear colectivos de búsqueda.
A diferencia de sus antecesores, López Obrador sí asumió la gravedad de las violaciones a los derechos humanos y reconoció la responsabilidad del Estado.
