El Parlamento de Portugal endureció el viernes las penas para quien contribuya a propagar contenidos íntimos en internet u otros medios de “difusión generalizada” sin consentimiento, que podrán llegar hasta los cinco años de prisión.
El proyecto de ley, una propuesta conjunta de los socialistas y el conservador PSD, fue aprobado con los votos a favor de todos los partidos del hemiciclo, a excepción de Iniciativa Liberal, que se abstuvo.
El texto establece que “quien, sin consentimiento, difunda o contribuya a difundir, a través de medios de comunicación, internet u otros medios de difusión pública generalizada, imágenes, fotografías o grabaciones que invadan la vida privada, principalmente la intimidad de la vida familiar o sexual”, será castigado con pena de prisión de hasta cinco años.
Los prestadores de servicios en red deberán informar “de inmediato” al Ministerio Público cuando detecten estos contenidos y tendrán 48 horas para bloquear su acceso.
La propuesta busca actualizar la legislación a la realidad actual, con la publicación de contenidos íntimos en internet sin consentimiento.
Hasta ahora, la ley portuguesa simplemente penaba con prisión hasta dos años o multa hasta 240 días a quien crease, mantuviese o utilizase un “fichero automatizado de datos individualmente identificables” referentes a la vida privada de una persona.
La nueva norma también establece penas de hasta un año de prisión o multa hasta 240 días por “interceptar, grabar, registrar, utilizar, transmitir o divulgar” conversaciones, llamadas telefónicas o emails sin consentimiento y con intención de invadir la vida privada.
Para quien capte, fotografíe, filme, registre o divulgue imágenes de personas u objetos en espacios íntimos, o divulgue hechos relativos a la vida privada o enfermedad grave de otra persona, las penas van hasta tres años de prisión.
Esta nueva legislación sigue a otra aprobada por el Parlamento de Portugal en 2019 para ampliar la definición de violación a todo tipo de relación sexual sin consentimiento, uniéndose a otros siete países de la UE que tienen legislaciones similares.
Portugal ha seguido los pasos de Bélgica, Chipre, Gran Bretaña, Alemania, Islandia, Irlanda y Luxemburgo, que han aprobado leyes de violación basadas en el consentimiento.
Según Amnistía Internacional, una de cada 10 mujeres de la UE sufre algún tipo de violencia sexual después de los 15 años.