Estos métodos prohibidos por la ley incluyen maltrato psicológico, retención forzada e incluso violaciones
Hace once años, el Ecuador reconoció por primera vez que en el país funcionan clínicas de deshomosexualización. Esto, pese a que en el 2009, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) ya alertó que, desde hace al menos una década, operaban centros que impartían terapias de conversión que buscaban cambiar la identidad de género de quienes ingresaban a esos lugares.
En junio del 2012, la entonces ministra de Salud, Carolina Vance, expidió un acuerdo para regular a los centros de tratamiento para personas con adicciones. Ese acuerdo ministerial prohibió a estos lugares: “Ofrecer, practicar o recomendar tratamientos o terapias que tengan como finalidad la afectación de derechos humanos de las personas, en especial el libre desarrollo de la personalidad, la identidad de género, la orientación sexual (como deshomosexualización), la libertad, la integridad, la no discriminación, la salud y la vida, o cualquier otro tipo de prácticas que ratifican o propugnan violencia de género o contra niños, niñas y adolescentes”.
Este instrumento administrativo suscrito por Vance fue el antecedente para que en las reformas del Código Penal ecuatoriano del 2014 se incluya que, quienes torturen a una persona física o psíquicamente “con la intención de modificar la identidad de género u orientación sexual” tendrán una pena de entre 10 y 13 años de cárcel.
Según registros oficiales, hasta el 2013 se registraron 268 centros que ofrecían “terapias de conversión”. En el 2020, uno de estos lugares, que funcionaba clandestinamente, fue clausurado. Pero estas prácticas todavía ocurren, incluso en centros avalados por el Ministerio de Salud, como el lugar al que llevaron a Matías.
Manzano explicó que en estos centros de tortura las mujeres lesbianas o transexuales son víctimas de violaciones de “carácter correctivo”.
En el 2015, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas ya advirtió sobre las torturas a las que son sometidas las personas en estas “clínicas” pues registraron que en Ecuador, “las mujeres lesbianas eran encadenadas, golpeadas, sometidas a alimentación forzada o privadas de alimentos, obligadas a desnudarse, recluidas en régimen de aislamiento e incomunicación, inmovilizadas durante días y violadas”.
A otras personas les suministran fármacos de manera indiscriminada y violenta “con el objetivo de tenerlos lentos, adormecidos y débiles para que no puedan identificar alguna vía de escape”. A otros los someten a sesiones con psicólogos que tratan de hacerles sentir culpables por tener una identificación distinta a la heterosexual cisgénero.
Aunque según la ONU las terapias de aversión han experimentado un fuerte descenso desde finales de la década de los 70, todavía el electrochoque se ocupa en ciertos países como Ecuador, Australia, China, los Estados Unidos, Rusia, India, Indonesia, Irán, Líbano, Malasia, Panamá, Sri Lanka, Uganda, Viet Nam y Zimbabwe. Estas terapias someten a la persona a una sensación negativa, dolorosa o angustiosa al tiempo que se la expone a un determinado estímulo para que lo asocie con una sensación negativa.
También, en el 2020, la ONU reveló que las “terapias de conversión” se llevan a cabo en al menos 68 países, en todos los continentes y que son “muy frecuentes” en África y “bastante frecuentes” en América Latina y el Caribe y en Asia.
En Ecuador hay casos de secuestros, torturas y violaciones sucedidos en estos centros que no fueron judicializados. Según recogió el medio feminista La Periódica, en un especial de personas que han supervivido a centros de tortura, mal llamadas clínicas de deshomosexualización en Ecuador: “Las víctimas y sobrevivientes, al parecer, no tienen a dónde acudir para exigir justicia –y que no se les ofrezca como única opción denunciar a sus familias– porque no hay la política pública necesaria que lo garantice”.
Los pocos casos que llegan a ser investigados suelen terminar en la impunidad para los victimarios. Un artículo de la DW recoge la historia de Jonathan Vasconez, quien, en 2010, con 23 años, fue internado por más de 12 meses por pedido de su familia. “El caso llegó a los tribunales, pero fue finalmente sobreseído”.
