En otros países, cuando ocurre algún hecho violento, el escándalo llega a ser de tal magnitud que, incluso, quienes quedan en peligro de perder su trabajo son los gobernantes.
Lo hemos visto en naciones desarrolladas, como el Japón, en el cual no se tolera que los políticos prohíjen hechos violentos e, incluso, ante el menor atisbo de que andan en acciones ilegales, llegan a pagarlo con su vida.
Bueno, allá conciben el honor con mucho respeto y los que han sido parte de actos ilegales, llegan incluso a solicitar darse muerte por propia mano.
Pero en nuestro México la situación es muy diferente. Antes un escándalo no hacía mella a los gobernantes; ahora tampoco.
Pero existe una diferencia muy especial, que quien exigía justicia y llamaba casi, casi al linchamiento, es quien ahora gobierna al país.
Si, Andrés Manuel López Obrador, un hombre que, como candidato, fue implacable con aquellos que se tuviera duda en su accionar y que, actualmente, como presidente que va de salida, se ha comportado como una persona llena de rencor y de odio contra quienes le dicen que está mal, o que le señalan que su prole se ha enriquecido en forma inexplicable, o que sus grande “e intachables” colaboradores, no son más que una caterva de ladrones.
Ahora, en víspera de las elecciones, las alertas que han presentado, tanto actores políticos, analistas y expertos en los campos de la democracia y la seguridad, sobre la violencia criminal que han padecido los candidatos, es más que evidente.
El ejemplo reciente fue en el municipio de Maravatío, Michoacán, con la ejecución de dos candidatos de filiaciones partidistas opositoras en un lapso de 12 horas, lo cual retrata la realidad del escenario de la elección de la mayor magnitud de los últimos tiempos.
El escenario no se limita a los homicidios, también se han dado secuestros, desapariciones, tiroteos y amenazas de muerte en al menos 14 estados.
Los asesinatos de candidatos registrados en esta elección, claramente no son el resultado de una competencia política entre partidos políticos, los homicidios de candidatos más bien están relacionados con las actividades de organizaciones criminales en los municipios en que ocurrieron los asesinatos.
La eliminación de la violencia en nuestro país, es la asignatura pendiente de quien aspire a algún puesto de elección popular.
Y resulta interesante observar que los tres aspirantes presidenciales han hablado de la violencia.
Claudia Sheinbaum, en entrevista con Juan Becerra, aseguró que el tema de la seguridad es una de las prioridades para atender en territorio nacional, por lo que para ello, replicará su estrategia que implementó como jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
Xóchitl Gálvez, cuestiona la estrategia de “abrazos y no balazos” y se compromete a dar prioridad al tema, y Jorge Álvarez Máynez, declaró que seguirá el modelo Bukele.
Sin embargo, el proceso electoral es responsabilidad de las autoridades de seguridad de los tres niveles de Gobierno. Ya veremos cómo reaccionan.
Por lo pronto lo que vemos es que la narrativa oficialista se niega a ver lo que está pasando, asegurando en forma oronda que el país está en completa tranquilidad y que la que llama “sucesora”, ya se comprometió en mantener la ¿estrategia? de los “abrazos, no balazos”.
Ya está todo listo y no hay que dejarnos llevar con la cantaleta de que la elección está definida, porque eso no es cierto y solamente es la perorata con que quieren justificar, quizá, un fraude electoral.