El régimen militar de Myanmar emitió una breve declaración en la que rechazaba el proceso, señalaba que no era parte de la CPI e insistía en que los dirigentes del país practicaban una política de “coexistencia pacífica”.
El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional pidió a los jueces que emitan una orden de arresto contra el jefe del régimen militar de Myanmar por crímenes cometidos contra la minoría musulmana rohinyá del país.
El general Min Aung Hlaing, que arrebató el poder a la líder electa Aung San Suu Kyi en 2021, está acusado de crímenes contra la humanidad por la deportación y persecución de los rohinyá.
Casi un millón de personas se vieron obligadas a trasladarse al vecino Bangladesh para escapar de lo que se ha llamado una campaña de limpieza étnica que incluyó violaciones masivas, asesinatos e incendios de viviendas.
Desde un campo de refugiados en Bangladesh, el fiscal principal de la corte, Karim Khan, dijo en un comunicado que tenía la intención de solicitar más órdenes de arresto para los líderes de Myanmar pronto.
Las acusaciones se derivan de una campaña de contrainsurgencia que el ejército de Myanmar inició en agosto de 2017 en respuesta a un ataque insurgente. Se dice que Hlaing, que dirige los Servicios de Defensa de Myanmar, ordenó a las fuerzas armadas de Myanmar, conocidas como Tatmadaw, así como a la policía nacional que atacaran a los civiles rohingya.
Khan estaba en Bangladesh, donde se reunió con miembros de la población rohingya desplazada. Alrededor de un millón de los rohingya, predominantemente musulmanes, viven en Bangladesh como refugiados de Myanmar, incluidos unos 740.000 que huyeron en 2017.
Los rohingyas enfrentan una discriminación generalizada en Myanmar, un país de mayoría budista, y a la mayoría se les niega la ciudadanía. El gobierno de Myanmar se niega a reconocer a los rohingya como una de las 135 minorías étnicas legales del país, y en su lugar los llama bengalíes, lo que implica que su tierra natal está en Bangladesh y que están asentados ilegalmente en Myanmar.
Los grupos de derechos humanos aplaudieron la decisión de solicitar una orden judicial. La terrible situación de los rohingya ha recibido menos atención a medida que los conflictos en Ucrania y Gaza han acaparado los titulares. “La decisión de la fiscal de la CPI de solicitar una orden judicial contra el general Min Aung Hlaing se produce en medio de nuevas atrocidades contra los civiles rohingya que recuerdan las sufridas hace siete años. La acción de la CPI es un paso importante para romper el ciclo de abusos e impunidad”, dijo Maria Elena Vignoli, asesora principal de justicia internacional de Human Rights Watch.
Zin Mar Aung, ministra de Asuntos Exteriores del Gobierno de Unidad Nacional de la oposición de Myanmar, establecido por legisladores electos a los que se les prohibió ocupar sus escaños en 2021, dijo en X que los jueces de la CPI deberían “emitir rápidamente la orden judicial” y que los gobiernos deberían “actuar y hacer cumplir esta orden para defender la justicia y el derecho internacional”. Publicó que la acción de la CPI “representa un momento crítico en la historia de Myanmar”.
El régimen militar de Myanmar emitió una breve declaración en la que rechazaba el proceso, señalaba que no era parte de la CPI e insistía en que los dirigentes del país practicaban una política de “coexistencia pacífica”.
