Miles de birmanos han huido del país desde hace un año, cuando la junta militar impuso el servicio militar obligatorio, por la que jóvenes sean forzados a combatir en mortíferos campos de batalla en un desesperado intento de los generales por mantener el poder que detentan desde 2021, cuando tumbaron por la vía golpista a un Gobierno democrático.

Hace un año, la junta anunció que la ley de servicio militar, aprobada en 2010, había sido activada, afectando a cerca de 6,3 millones de hombres -de entre 18 y 35 años- y a 7,7 millones de mujeres de entre 18 y 27, que han vivido bajo la amenaza de ser trasladados a los múltiples frentes entre el Ejército y grupos prodemocráticos, aliados con guerrillas étnicas.

De negarse, se enfrentarían a penas de cárcel de hasta cinco años.

El reclutamiento se ha hecho realidad para unos 45.000 birmanos desde entonces, tiempo durante el que los militares han entrenado nueve oleadas de combatientes, incluida la primera de mujeres en enero, según datos de la junta y de medios birmanos, con los que intentan reponer fuerzas en el frente mientras pierden terreno.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indica que un promedio de 36.000 birmanos huyen hacia Tailandia cada mes.

Según medios locales, los funcionarios implicados en la campaña de reclutamiento han hecho fortunas exigiendo sobornos de hasta 10 millones de kyats (unos 4.700 dólares) a quienes tratan de evitar el servicio militar, lo que deja a los jóvenes más pobres con mayor posibilidad de ser enlistados.

«Los reclutas han sido utilizados como escudos humanos», alertó en enero Human Rights Watch en su informe anual sobre Birmania, donde, subrayó, «aumentaron las tasas de arrestos y de personas que huyen del país» en 2024 debido a la conscripción.

El líder de la junta, Min Aung Hlaing, ha repetido que el propósito de esta política es mantener la seguridad, paz y tranquilidad en un país que no cuenta con ninguna de esas tres cosas, mientras los golpistas prometen elecciones y mantienen presos o judicializados a los principales líderes y partidos políticos.

La oposición democrática agrupada en el Gobierno de Unidad Nacional (NUG), que se declara el poder legítimo de Birmania, computó 22.765 arrestos en 2024, algunos efectuados dentro de autobuses o sitios de trabajo, de donde sacaron a la fuerza a jóvenes que luego sirvieron en el frente.

Más de 6.200 birmanos han muerto en manos de las fuerzas de seguridad desde la asonada, según la Asociación para la Asistencia de Prisioneros Políticos del país.