Tras las controversiales elecciones presidenciales en Venezuela las autoridades efectuaron más de 2,000 detenciones en pocas semanas.
La misión de la ONU examina la situación de Venezuela acusando al Gobierno de Nicolás Maduro de sumir al país en un clima de temor en el que cualquier puede ser víctima del aparato represor, hasta el punto de que las pruebas acreditan ya un nivel de persecución equivalente a crímenes contra la humanidad.
Se denunció que el Ejecutivo chavista intensificó dramáticamente la represión para aplastar cualquier atisbo de disidencia, dentro de una escalada que alcanzó nuevas cotas a raíz de las elecciones presidenciales del 28 de julio, que se han saldado con el exilio del principal candidato opositor, Edmundo González Urrutia.
Entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, al menos 48 personas fueron detenidas por supuestos complots contra el Gobierno y únicamente en julio de este año más de 120 personas quedaron bajo custodia en el contexto de la campaña electoral de la oposición.
Tras los comicios, las autoridades efectuaron más de 2,000 detenciones en pocas semanas, lo que derivó a su vez en violaciones del debido proceso y en la confirmación de que todo el sistema judicial, con el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a la cabeza, está claramente subordinado a los intereses del poder ejecutivo y sirve como un instrumento clave en su plan para reprimir todas las formas de oposición política y social, según el informe.
Venezuela está inmersa en una de las crisis de Derechos Humanos más graves de la historia reciente, en la medida en que los abusos que están ya documentados, incluidos casos persecución con motivaciones políticas un tipo de crimen contra la humanidad, no son actos aislados o aleatorios sino que forman parte de un plan continuo y coordinado para silenciar, desanimar y reprimir a la oposición.
Maduro y otros altos cargos chavistas advirtieron de un posible baño de sangre si no lograban la victoria. Otro de los expertos del grupo, Francisco Cox, ha recordado que la propia misión ya temía que el Gobierno pudiese “activar su aparato represivo” en el contexto electoral. “Y eso es precisamente lo que estamos observando ahora”, ha apostillado.
