Los abogados defensores denuncia que la detención provisional ha sido extendida hasta febrero de 2024, lo que consideran una “condena anticipada”.
Dos organizaciones humanitarias denunciaron al Estado de El Salvador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los atropellos cometidos contra un grupo de líderes comunitarios detenidos en enero, según informaron este jueves en una conferencia de prensa.
Se trata de cinco líderes y activistas medioambientales de la Asociación de Desarrollo Económico Social de Santa Marta (ADES), además de otra persona, acusados por la Fiscalía de supuestamente asesinar a una mujer en el contexto de la guerra civil (1980-1992).
De acuerdo con Alejandro Díaz, abogado de la organización Tutela Legal “María Julia Hernández”, la denuncia fue interpuesta a finales de julio y la CIDH dio al Estado salvadoreño hasta el 14 de agosto para responder a un requerimiento de información sobre el caso, sin que se conozca si hubo respuesta oficial.
Apuntó que en la denuncia han expuesto las condiciones del caso, como la “detención arbitraria”, incomunicación de los detenidos con familiares y abogados, la falta de información sobre el estado de salud y la negativa de una corte de obedecer un fallo de una cámara de apelaciones de revisar la medida de detención provisional.
Ovidio Mauricio, director de Tutela Legal, expuso que las pruebas que presenta la Fiscalía en el proceso son “inadmisibles en cualquier proceso penal del mundo” y denunció que las autoridades le han aplicado a este caso las reglas del régimen de excepción vigente en el país desde marzo del año pasado para combatir a las pandillas, a pesar que es un proceso común.
Indicó que la detención provisional ha sido extendida hasta febrero de 2024, lo que consideran una “condena anticipada”, dado que, a su juicio, no hay elementos para mantener la medida.
Los líderes de dicha comunidad fueron parte del movimiento que impulsó la prohibición de la minería metálica en El Salvador y que llevó al Congreso a aprobar una ley en marzo de 2017 para no permitir esta práctica.
Los detenidos son Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pachecho y Saúl Rivas, quienes, junto a Fidel Recinos -que no pertenece a dicha comunidad-, están presos desde el 11 de enero pasado por acusaciones de asesinato, privación de libertad y agrupaciones ilícitas.
Recientemente, la Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por Nayib Bukele, aprobó extender por 30 días más la suspensión de varias garantías constitucionales bajo la implementación de un régimen de excepción, “por la reactivación de miembros de pandillas aún en libertad”.
