Tras el bloqueo de los tribunales del Reino Unido se busca revertir el fallo de ser ilegal enviar a refugiados al país africano.
Los gobiernos de Gran Bretaña y Ruanda firmaron un tratado que apunta a reactivar un plan para enviar solicitantes de asilo al país de África Oriental que ha sido bloqueado por los tribunales del Reino Unido.
El ministro del Interior británico, James Cleverly, dijo que el acuerdo jurídicamente vinculante firmado con el ministro de Asuntos Exteriores de Ruanda, Vincent Biruta, abordaría todas las cuestiones planteadas por la Corte Suprema del Reino Unido cuando dictaminó el mes pasado que la controvertida política era ilegal.
El tribunal dijo que el plan era ilegal porque Ruanda no es un país seguro para los refugiados. El tribunal superior de Gran Bretaña dijo que los solicitantes de asilo enfrentaban un riesgo real de malos tratos y Ruanda podría devolverlos a los países de origen de los que habían huido.
El tratado incluye la promesa de Ruanda de no enviar a los solicitantes de asilo de regreso a sus países de origen, incluso si sus solicitudes son rechazadas.
El plan para Ruanda es fundamental para el objetivo autoimpuesto del gobierno conservador de impedir que los solicitantes de asilo no autorizados lleguen en pequeñas embarcaciones a través del Canal de la Mancha.
Aunque Gran Bretaña recibe menos solicitudes de asilo que países como Italia, Francia o Alemania, miles de inmigrantes de todo el mundo viajan al norte de Francia cada año con la esperanza de cruzar el Canal de la Mancha. Más de 27.300 lo han hecho en lo que va de año.
Gran Bretaña y Ruanda llegaron a un acuerdo en abril de 2022 para que algunos inmigrantes que cruzaran el Canal fueran enviados a Ruanda, donde se procesarían sus solicitudes de asilo y, si tenían éxito, se quedarían.
El gobierno del Reino Unido sostiene que las deportaciones disuadirán a otros de realizar la peligrosa travesía marítima y romperán el modelo de negocios de las bandas de tráfico de personas.
Los críticos dicen que es poco ético e inviable enviar inmigrantes a un país a 6.400 kilómetros de distancia, sin posibilidad alguna de establecerse en el Reino Unido.
Gran Bretaña ya ha pagado a Ruanda al menos 140 millones de libras (177 millones de dólares) en virtud del acuerdo, pero aún no se ha enviado a nadie allí en medio de desafíos legales.
El gobierno británico dice que el nuevo tratado le dará la base para aprobar una ley que declare a Ruanda un destino seguro.
Esa legislación se publicará en unos días, pero probablemente tardará semanas en ser aprobada por el Parlamento, y el plan de Ruanda aún podría estar sujeto a más desafíos legales.
